El Gobierno decide fecha y lugar pero será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra. A pesar de que el Consejo de Ministros es la autoridad competente para proceder a la exhumación y consiguiente inhumación de los restos de Franco, todo el proceso pende ahora de la decisión del Tribunal Supremo. Si acepta el recurso presentado por la familia del dictador contra el procedimiento dará por concluidos los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez de separarlo de sus víctimas en el Valle de los Caídos.

De momento, el procedimiento en el Supremo se encuentra todavía dentro de los 10 días para que la Abogacía de Estado presente sus alegaciones. Todavía no lo ha hecho, pero lo va a hacer, han asegurado fuentes del Gobierno sobre el último y crucial paso judicial en un camino para exhumar a los restos de Franco que, al margen de cuestiones políticas, tiene su propio entramado jurídico.

Por otra parte, también está la cuestión del recurso del "entorno de los Franco" que admitió recientemente un juez de primera instancia. Supuso retirar la licencia de obras expedida por el Ayuntamiento de El Escorial y, por tanto, paralizar cautelarmente la exhumación de la basílica del Valle de los Caídos.

Esta es la primera de las "diecisiete" demandas que se ha admitido de las presentadas por el entorno de la familia del dictador con el objetivo de obstaculizar el proceso, en lo que Moncloa considera un claro "fraude judicial".

Dejando a un lado que el Gobierno considera que para la exhumación no son necesarias tales obras, el Gobierno ha recursado al juez que admitió a trámite el recurso. Además, se dispone a pedir a través de la Abogacía del Estado, que todas estas demandas se agrupen en una sola. Según fuentes de Moncloa, correspondería que recayeran en el juzgado que resolvió el primer recurso, en ese caso para desestimarlo.

Dejando a un lado estos recursos ante tribunales de primera instancia, el Supremo es el único que puede paralizar la decisión del Gobierno de llevar adelante la exhumación, un escenario en el que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha insistido este viernes en no entrar.

"Así como nosotros son hacemos una intromisión en el Poder Judicial, hacemos el ejercicio legítimo de la competencia que tenemos, estamos como Gobierno para acatar las resoluciones judiciales, pero esto no impide al Gobierno que termine el procedimiento. No entramos a valorar ni a hacer ningún tipo de invasión", ha afirmado Calvo.

Sánchez delegó en Calvo todo el procedimiento para la exhumación de Franco y este viernes ha sido la encargada de dar cuenta del último paso de un proceso en el que el Consejo de Ministros es la autoridad competente y que supone que haber llevado a término todo lo que el Ejecutivo tiene que hacer para cumplir el mandato que empezó con un real decreto-ley, el pasado agosto.

"Ha llegado el momento en que el Gobierno tiene que tomar su decisión respetando la familia y a su entorno", ha dicho Calvo tras anunciar que la exhumación se producirá en la mañana del 10 de junio y después se procederá a la inhumación en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde reposan los restos de la esposa del dictador, Carmen Franco.

Sobre el procedimiento judicial en el Supremo, ha indicado que además del respeto a las decisiones judiciales, como Gobierno "también nos respetamos a nosotros y podemos hacer nuestras propias competencias".

Si el Supremo no lo termina impidiendo, así concluirá un procedimiento legal que empezó en agosto del año pasado con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley para la exhumación que se apoyaban en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica para que no exista ningún lugar de enaltecimiento al dictador . Después fue convalidado por el Congreso y alimentado, meses después, con otra decisión gubernamental que estableció que, si la familia no indicaba un lugar posible para inhumar los restos de Franco, sería el Gobierno quien lo determinaría.

Pasados los meses, el Gobierno ha decidido que sean en El Pardo y en una fecha, el 10 de junio, que Calvo ha recalcado que evitará que la exhumación coincida con los "momentos electorales", es decir, con las elecciones generales del 28 de abril y con las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

Según la vicepresidenta, la decisión de exhumar los restos de Francos, que figura en una ley, debe ser de obligado cumplimiento por parte del Gobierno que salga de las elecciones generales del mes que viene. "Las normas obligan a hacerlo, no hay más", ha dicho, aunque fuentes del Gobierno han añadido que podría no ser así si se legislara en contrario antes del 10 de junio, algo que es improbable ante las dificultades que se avistan para formar Gobierno.

La fecha del 10 de junio también es adecuada, ha añadido, porque así "protegemos la tutela judicial efectiva", ya que los "propios familiares tienen su derecho [a recurrir] a todas aquellas posibilidades de la ley". Asimismo, Calvo ha insistido en el "respeto" y el "decoro" con el que Gobierno quiere se desarrolle un proceso del que no se tomarán imágenes.

"Estamos en una democracia y se tiene derecho a la intimidad y se asume con extraordinario respeto los restos humanos de cualquier, incluidos los del dictador", ha dicho.

Fuentes gubernamentales han reconocido este viernes que los Franco han utilizado toda la maquinaria legal a su alcance para hacer que el proceso de exhumación e inhumación descarrile y de estos intentos depende, ya en su recta final, que los restos del dictador salgan del Valle de los Caídos.

La última desavenencia con la familia la constató el Gobierno el pasado 7 de marzo, mediante una carta en la que los Franco comunicaban al Ejecutivo que su última alternativa para el enterramiento era la catedral de La Almudena. "Dijimos que no era posible", ha relatado este viernes la vicepresidenta del Gobierno.

Después llegó el recurso ante el Supremo que el Gobierno indica que tiene tiempo para resolver antes del 10 de junio, aunque fuentes de la Moncloa apuntan a que lo hará mucho antes, en unos días.

Con quien el Gobierno sí parece haber limado las diferencias es con el otro foco de conflicto, la Iglesia Católica, con quien su principal punto de acuerdo es la negativa a que la inhumación fuera en la catedral de la Almudena. La principal discordia es el prior de la basílica del Valle de los Caidos, el monje benedictino Santiago Cantera, que se niega por activa y por pasiva a permitir que salgan de allí los restos del dictador.

En todo caso, el Gobierno no ve problema con la Iglesia. Calvo ha recordado que tiene las garantías tanto de la Santa Sede como de la Conferencia Episcopal Española de que se atendrá a lo que diga la autoridad competente, que es el consejo de ministros.

Sobre cómo las autoridades eclesiásticas vayan a torcer la beligerancia del prior, la vicepresidenta ha recordado que sus interlocutores están en Roma y en la Conferencia Episcopal pero no ha dudado de que tendrán mecanismos para que también el monje benedictino atienda sus obligaciones.